Con un fulminante y brutal Real
Decreto Ley, el nuevo Gobierno del Partido Popular ha dinamitado los logros en
materia de relaciones laborales alcanzados durante los últimos 35 años.
Sería por el ecuador de la década
de los 70 cuando se iniciaban los pasos que pudieran posibilitar el
establecimiento de las condiciones que permitirían discriminar el antes y el
después en materia de acuerdos entre empleados y empleadores, en materia de
negociación colectiva, en materia de inicios del dialogo social y del
establecimiento acordado de Convenios Colectivos que vendrían a regular los
marcos en los que las condiciones laborales serían posibles previa negociación
entre las partes.
Después de 41 años, se iniciaba
el anhelado y difícil proceso de legalización de los Partidos Políticos que
permitirían la representación de los ciudadanos en diferentes instituciones
democráticas y en ese proceso la legalización de las centrales sindicales mas
representativas, como los procedimientos electorales por los que de forma libre
los ciudadanos y trabajadores decidirían que formaciones políticas y sindicales
nos representarían en las instituciones y en las mesas de negociación.
Durante este recorrido temporal e
histórico se han producido, protagonizadas por diferentes Gobiernos, distintas
Reformas Laborales, algunas de ellas provocaron importantes movilizaciones
sociales cuando se entendía que los derechos conseguidos con el acuerdo de las
partes se estaban poniendo en riesgo. Esta REFORMA LABORAL promulgada con la
aprobación del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes
para la reforma del mercado laboral, es sin duda, la más agresiva, la más
incierta y la que más riesgo sugiere en cuanto al fomento del empleo, ya que la
práctica liberalización del despido, deposita en manos del empresariado
posibilidades que nunca antes había tenido.
Da la sensación que, desde que
comenzó la crisis económica, la negociación entre empresarios y sindicatos para
acordar una Reforma del Mercado Laboral ha estado viciada y ha caminado por
cauces en los que la estrategia de la gran patronal ha podido consistir en
mantenerse a la espera. Las exigencias de Europa a través de Merkel y Sarkozy
ante la crisis, la inestabilidad del Gobierno de Zapatero, la convocatoria
electoral de noviembre, han situado las posiciones de la patronal en un lugar
privilegiado en el sentido de que, ante la posibilidad de no obtener un acuerdo
entre empresarios y sindicatos, sería el nuevo Gobierno quien decidiría los
términos de la REFORMA LABORAL.
Y así ha sido. La patronal tan
solo tenía que actuar intentando la inexistencia de acuerdo para que
posteriormente Rajoy entrase como elefante en cacharrería a dictar el triste
Decreto Ley que ha venido a depositar en las manos de los empresarios
actuaciones unilaterales, de una trascendencia tal que cualquier trabajador,
sea empleado público o privado puede encontrarse en el mejor de los casos con
que sus condiciones pactadas son modificadas, en el peor de los casos con pasar
a engrosar las listas de desempleados.
Se produce una agresión sin
precedentes ante el hecho de que los Convenios Colectivos puedan ser
modificados sin contar con el acuerdo de los trabajadores eliminando derechos
adquiridos.
Hoy Europa tiene un saldo a su
favor de 23 millones de parados; España aporta en ese ranking casi un cuarto (5
millones) y lo previsible y me atrevería a decir que casi cierto es que si esta
REFORMA LABORAL no modifica algunos de sus preceptos, los asalariados son mas
vulnerables que nunca en cuanto a la estabilidad en el empleo, en cuanto a la
precariedad en el empleo y en cuanto a la modificación de las condiciones de
trabajo de los trabajadores. Es esta una REFORMA LABORAL agresiva con los
trabajadores que arrebata derechos adquiridos, que contribuirá a destruir
empleo y a facilitar los despidos y que recortará derechos sociales y laborales
en lugar de incentivar la economía y los contratos de trabajo.
Que nadie se engañe. Tanto los
defensores como detractores de esta REFORMA LABORAL, se encuentran en idéntica
situación de riesgo. Cualquier empleador tiene en sus manos la posibilidad de
realizar modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo de sus
asalariados. Nos encontramos ante un hecho indiscutible que ha sido reconocido legalmente
y que sólo significa que “esto es lo que hay, si lo quieres lo coges y si no lo
dejas”.
Ya no existe la posibilidad del
acuerdo compartido, de la negociación, del dialogo social; tan solo disponemos
de una realidad cuyos condicionantes subjetivos serán reconvertidos en
criterios de necesidad del empresariado, sin tener en cuenta que para que una
relación exista tienen que participar dos partes, para que un acuerdo se
produzca tienen que darse cita dos partes que lo suscriban. Si solo una parte
toma la decisión no existirá un acuerdo, será una imposición.
Benito García de Torres
Secretario General
CDeI
